San Juan- (EFE).- El debate sobre la pena de muerte se avivó en Puerto Rico ante la posibilidad de que la Fiscalía Federal pida la pena de muerte para seis policías municipales acusados de matar a golpes a un detenido en el año 2003.
Desde la familia de la víctima hasta el gobernador de la isla, Aníbal Acevedo Vilá, pasando por organismos de derechos humanos, han manifestado su oposición a la pena capital, que está expresamente prohibida en la Constitución de 1952.
Sin embargo, la autonomía de Puerto Rico está limitada por el estatuto de Estado Libre Asociado a Estados Unidos y en el caso de la justicia, los tribunales federales estadounidenses tienen supremacía en determinadas áreas sobre los de los estados.
Ante informaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. que señalan que la Fiscalía Federal puede llegar a pedir la pena capital para los policías Eliezer Rivera, Juan Morales, José Pacheco, Carlos Pagán, Elías Periocer y Aaron Vidal, el gobernador Acevedo Vilá pidió que se respete la "idiosincrasia" puertorriqueña.
"Aquí creemos en el castigo seguro al criminal, pero no creemos en la pena de muerte", sostuvo el gobernador.
Los padres del fallecido, José Antonio Rivera Robles, también declararon en diferentes medios que no están de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte a los culpables de la muerte de su hijo.
La Comisión de Derechos Civiles (CDC) de Puerto Rico subrayó, por su parte, que "se opone tenazmente" a que los "acusados por cargos relacionados con la muerte de un ciudadano hace cinco años durante una intervención sean considerados para la pena de muerte".
El presidente de la CDC, José Irizarry, defendió que "en ningún caso" se justifica la aplicación de la pena de muerte, que es "algo aberrante" viniendo del Estado, que debería "velar por el bienestar de todos los ciudadanos".
"Condenamos la brutalidad policiaca, sin embargo, los miembros de este cuerpo que la hayan cometido, bajo ninguna circunstancia deben ser castigados con la aplicación de la pena capital", añadió.
Según la Policía municipal de San Juan, el 20 de julio de 2003 dos agentes acudieron a atender a Rivera Robles, de 34 años, cuando éste gritaba en la calle que lo iban a matar, pero rechazó la ayuda de los uniformados, con los que se enfrentó en un forcejeo y acabó huyendo tras apropiarse de un automóvil policial.
Cuando los policías encontraron a Rivera Robles poco después en una gasolinera, supuestamente lo golpearon y poco después de llegar al cuartel murió.
En enero de este año, el Departamento de Justicia de Puerto Rico aseguró que hará "todo lo que esté a su alcance" para que EE.UU. no imponga la pena de muerte en la isla caribeña ni contra ningún puertorriqueño en otros estados.
El secretario puertorriqueño de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, anunció la aplicación de una serie de medidas recomendadas por la Comisión Contra la Pena de Muerte de Puerto Rico para disuadir a la Justicia federal de aplicar la pena de muerte en el Estado Libre Asociado (ELA).
Uno de los últimos casos en Puerto Rico en el que la fiscalía federal pedía la pena de muerte fue contra Carlos Ayala López, que el 27 de octubre de 2006 fue sentenciado a prisión de por vida por el asesinato de un agente federal.
El último puertorriqueño ejecutado, en Florida, fue Ángel Nieves Díaz, el 13 de diciembre de 2006.
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